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ALEGACIONES AL PROYECTO DE LEY DE PESCA SOSTENIBLE

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Cumpliendo con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente y el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional el pasado 27 de octubre, una vez que ha entrado a trámite parlamentario el proyecto de Ley de Pesca Sostenible, nos dirigimos a ese Grupo parlamentario con el fin de hacerles llegar las alegaciones más importantes que consideramos deberían tenerse en cuenta en el proyecto de Ley de Pesca Sostenible.

Desde el 25.6.09 en que se nos informó de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, tenía previsto elaborar una nueva Ley de Pesca Sostenible, con el fin de adaptar la normativa comunitaria, adecuar la evolución del sector pesquero, garantizar la sostenibilidad y fomentar un comercio responsable, esta Federación Nacional ha venido realizando una labor informativa entra las 225 Cofradías y sus respectivas Federaciones, a través de circulares y reuniones donde se han analizado los distintos borradores de la Ley.

Asimismo se han remitido observaciones tanto a la Secretaría General del Mar como al Consejo Asesor de Medio Ambiente que, en algunos casos, han sido incorporadas al actual Proyecto.

Como suele ocurrir con esta clase de normativas, han sido numerosas las versiones de los borradores que han estado a exposición pública, donde se han suprimido o incluido artículos de suma importancia para las Cofradías. Este hecho ha dado lugar a confusiones y dificultades a la hora de analizar los mismos.

Por dicho motivo y dado que en el primer borrador se incluía, en el Título II – Capítulo II – Sección 2ª referente a las Cofradías de Pescadores, un artículo que reconocía a las Cofradías de Pescadores como Organizaciones de Productores, consideramos de suma importancia que se vuelva a incluir el contenido del artículo eliminado, en los siguientes términos:

“Artículo …. Reconocimiento de las Cofradías como Organizaciones de Productores. Para el reconocimiento oficial de las Cofradías de Pescadores como organizaciones de productores, podrá exigirse, entre otras condiciones y en los términos que el Gobierno establezca reglamentariamente, que las mismas realicen una actividad económica suficiente y desarrollada en determinados ámbitos geográficos, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas para el desarrollo legislativo y de ejecución de las bases estatales”

Desconocemos los motivos por lo que el redactor de la norma hizo desaparecer este artículo en borradores posteriores, teniendo en cuenta la importancia que tiene para las Cofradías de Pescadores este reconocimiento u homologación.

En la actualidad existen antecedentes sobre este tema en las Leyes de Pesca de las Comunidades Autónomas de Galicia y Cataluña donde si han determinado esta posibilidad de reconocimiento dentro de sus respectivas leyes.

A continuación, pasamos a destacar aquellos aspectos del articulado que como organización de ámbito estatal y con una importante representatividad en el sector pesquero artesanal, consideramos prioritarios para nuestras 225 Cofradías y más de 30.000 afiliados.

  • Título de la Ley.- Debería incluirse en el título el término “marítima” tal y como aparece actualmente, en la Ley 3/2001, pues el título propuesto no expresa claramente el contenido de la Ley, no obstante también debería mantenerse el término “sostenible” por las connotaciones de protección hacia el recurso y el medio ambiente que contiene el proyecto de Ley. El título quedaría “Ley de Pesca Marítima Sostenible”

  • Artículo 4 Definiciones. Lonja.- Si la definición no incluye el concepto de control de desembarcos de los productos pesqueros, es absurdo que en el apartado de sanciones del proyecto (artículo 121 d) se hable de responsabilidad de los concesionarios de esas lonjas, por ejemplo en velar por el cumplimiento de las tallas biológicas.

  • Artículos 25, 26, 27, 28 y 29 de la investigación oceanográfica-pesquera.- Debería recogerse en la Ley la necesaria obligatoriedad de tener en cuenta de una forma real y efectiva las opiniones de los profesionales del sector en temas de investigación oceanográfica-pesquera y la posterior difusión pública de los estudios realizados por el IEO en materia pesquera (stock, fondos, artes de de pesca, etc.) más aún, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de estos estudios se realizan con la colaboración de los profesionales del sector.

Dentro de este ámbito los estudios y resultados obtenidos deben de trasladarse al sector con un lenguaje de fácil comprensión si queremos que los mismos se valoren y se lleven a cabo las recomendaciones que en ellos se recojan.

Relacionado con la investigación oceanográfica-pesquera consideramos necesario hacer referencia a un tema importante y de gran repercusión para los profesionales del sector como es la implantación de la Red Natura 2000 y el establecimiento de las áreas o zonas marinas protegidas, donde se debe tener en cuenta las consecuencias socioeconómicas que supone a los pescadores artesanales el establecimiento de está áreas protegidas y más cuando se establecen únicamente teniendo en cuenta criterios medioambientalistas y los informes de impacto socioeconómico, para nuestra sorpresa, no los realizan entidades independientes sino determinadas organizaciones ecologistas con intereses en el proyecto.

  • Artículo 30 Licencia de Pesca.- Establece obligatoriamente la necesidad de que cada buque debe contar con un número de Registro General Sanitario de Alimentos ¿Se ha analizado la repercusión que esta medida puede tener en el sector pesquero artesanal? ¿Los camiones frigoríficos que manipulan y transportan productos pesqueros tienen Registro Sanitario?

Por ello en opinión de esta Federación debe retirarse del anteproyecto el mencionado requisito.

  • Artículos 36, 37 y 38 Requisitos para el ejercicio de la pesca recreativa.- Si verdaderamente se persigue una pesca recreativa y de ocio debería estipularse taxativamente en la Ley que debería ser “pesca sin muerte”. El propio carácter de sostenibilidad que quiere transmitir el proyecto, debería animar a los redactores de la norma a ser más estrictos con este tipo de pesca, teniendo en cuentas la situación en la que se encuentra determinados recursos (atún rojo, merluza, etc.). No sirve de nada dejarlo para posteriores normas de desarrollo.

Los pescadores llevan años reclamando a la Administración que estos pescadores deportivos realicen su actividad de “ocio y recreo” en las mismas condiciones que el profesional (control de capturas, vedas, horarios, fondos, artes de pesca, seguridad a bordo, titulaciones, etc.)

  • Artículos 39, 40, 41 y 42 De la pesca turismo.- En opinión de esta Federación parece un poco prematuro legislar sobre la pesca turismo y hablar de censo y coberturas de responsabilidad civil cuando a fecha de hoy, mientras la legislación de Marina Mercante no cambie, para que un buque pesquero pueda efectuar la actividad de pesca turismo solo puede autorizarlo la Dirección General de la Marina Mercante y de momento, los barcos que están en la lista 3ª (actividad pesquera) no se les concede autorización para realizar pesca turismo.

Esto puede dar lugar a falsas expectativas en el sector, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino debe conocer las numerosas dificultades que ese cambio de actividad “de pesca” a “turismo” conlleva tanto, en materia de seguridad a bordo como en materia de legislación laboral.

  • Artículo 47 Transmisibilidad.- Este concepto de gestión pesquera, de carácter puramente económico y mercantilista, siempre ha encontrado en la Federación Nacional de Cofradías una frontal oposición que hemos trasladado en todos los foros autonómicos, nacionales, comunitarios e internacionales.

Realmente con la excusa de una mejor gestión del recurso, la Unión Europea y una parte del sector pesquero español apoya este sistema de gestión con el que en el fondo se persigue eliminar cualquier tipo de ayuda económica por paralizaciones definitivas. Es decir, Bruselas quiere que el barco tenga el auténtico valor de mercado en función del ITQ que tenga, aliviándose de esta manera el presupuesto comunitario que se destinaba antes a paralizaciones definitivas.

La Federación Nacional considera que puede ser un sistema de gestión útil para la flota industrial, pero para la flota artesanal con pesquerías multiespecíficas puede ser nefasto y únicamente dará lugar a una acumulación en manos de unos pocos con intereses mercantilistas. El hasta hace poco Secretario General del Mar D. Juan Martín Fragueiro, reconoció en el Congreso de los Diputados que no es un sistema apropiado para la flota artesanal.

  • Artículo 48 Reserva nacional de posibilidades de pesca.- La creación de esta Reserva directamente relacionado con el concepto de gestión pesquera a través de ITQ, demuestra claramente la preocupación del redactor de la norma, en las posibilidades de negocio que conlleva este sistema, con la creación de la Reserva Nacional el legislador intenta mantener bajo control del estado un porcentaje de todas las posibilidades de pesca, con el fin de poder disponer de un margen de maniobra y no dejar toda la gestión en manos privadas.

Si el redactor de la norma considera positivo esta Reserva Nacional de posibilidades de pesca, podría crear también un Reserva Nacional de tonelaje y potencia, algo que si sería muy útil, en especial para la flota artesanal, que se encuentra con graves problemas a la hora de aportar pequeñas cantidades de tonelaje o potencia para regularización de embarcaciones, modernizaciones o incluso nuevas construcciones.

  • Artículo 74 Cofradías de Pescadores.- En el apartado 1. debería incluirse en la definición “…representativas de intereses económicos y sociales…”
  • Artículo 75 Funciones.- No deberían restringirse a tres la enumeración de las funciones de las Cofradías o se amplían porque realmente realizan más funciones o se encabeza el artículo introduciendo el término “entre otras, son funciones de las Cofradías…”

  • Artículo 100 Primera venta de productos pesqueros.- El contenido de esta artículo ha sufrido una importante transformación respecto al actualmente en vigor (artículo 70 Ley 3/2001). En el artículo 100 no se hace ninguna mención expresa a los productos pesqueros frescos que son los que habitualmente se venden en lonjas españolas y son los capturados por flota nacional; por otro lado aparece una nueva figura autorizada a realizar la primera venta como es la del “comprador autorizado” y por último el contenido de todo el artículo nos parece que tiene una redacción más acorde para un Reglamento Comunitario que para una legislación nacional (se utilizan términos como buque comunitario, territorio de la Unión Europea, etc.). Quizás esto sea debido al interés del legislador en implementar el Reglamento (CE) 1224/2009 de Control a la futura Ley de Pesca, en la referente al tema de comercialización, lonjas y primera venta.

Lamentablemente la normativa comunitaria es más permisiva en este aspecto y parece que el Proyecto de Ley va en esa línea, lo que va a suponer graves perjuicios, a medio y largo plazo, para el pescador/armador que no verá revalorizado el precio del pescado en primera venta y únicamente se incrementarán delitos e incumplimientos fiscales que irán en perjuicio de los trabajadores y de la propia administración (recaudación impositiva- IVA, tarifas portuarias, etc.)

Eliminar la obligatoriedad de realizar la primera venta en las lonjas autorizadas puede dar lugar a una falta de transparencia en las ventas con un grave perjuicio para los pescadores artesanales que tienen un sistema de retribución “a la parte” y en segundo lugar la reglamentación técnico sanitaria existente en la que tanto el sector como la Administración vienen trabajando desde hace años, no podrá garantizar al consumidor final los actuales niveles de protección (controles veterinarios, calidad, etiquetado, trazabilidad, etc.)

Por tanto para esta Federación Nacional el contenido del artículo 100.2 debería quedar redactado en los términos del actual 70.2. de la Ley 3/2001 que dice:”La primera venta de los productos pesqueros frescos se realizará a través de las lonjas pesqueras autorizadas de los puertos. No obstante las Comunidades Autónomas podrán autorizar centros para la primera venta, como son los centros de expedición de moluscos y depuradoras….”

Es importante destacar que en el tema de la primera venta, las Comunidades Autónomas son también partidarias de que se mantenga la obligatoriedad, coincidiendo con los planteamientos de esta Federación Nacional.

  • Título V Régimen de infracciones y sanciones.- Deseamos recordar que cuando se aprobó la actual Ley de Pesca Marítima del Estado, el sector pesquero la recibió favorablemente, salvo en la parte referente a las infracciones administrativas.

.Ninguna organización pesquera apoyó el tema de las medidas provisionales, salvo en los casos de tráfico de personas, drogas o pesca con explosivos.

Sin embargo y dado que no quedaron explícitas estas excepciones en la Ley 3/2001, ha dado lugar en los últimos años, a que se hayan ordenado por parte de la Administración, paralizaciones de buques pesqueros por sanciones menores, al no depositarse la fianza previa.

Por dicho motivo y dado que el Título V se modifica y amplía de manera considerable en relación con la actual Ley de Pesca, sería el momento adecuado de delimitar qué actuaciones son motivo de medidas provisionales que conlleven la paralización de un buque, habida cuenta de que este tipo de sanciones han sido anuladas en ocasiones, por los Tribunales de Justicia.

Este capítulo ha sido estudiado específicamente por distintos asesores jurídicos de las cofradías que han manifestado las siguientes observaciones:

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

ART 120 AMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR.

Objetar, en lo que respecta al ámbito de aplicación del régimen sancionador, su excesiva amplitud, por lo que, parece que las autoridades españolas competentes en materia de pesca marítima se irrogan funciones inspectoras de ámbito internacional, con competencias para iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos sancionadores a toda embarcación, sea esta española, de pabellón extranjero, de bandera de conveniencia, apátridas o cualquiera otra, en cualquier lugar del mundo donde se produzca la infracción, entrando en conflicto con las leyes de competencia de terceros países y con los reconocimientos europeos de existencia de zonas de gestión exclusiva de estados miembros de la CEE, como es el caso concreto de Malta respecto a las 25 millas, aparte de poder dar lugar a duplicidad de expedientes sancionadores proscritos en el derecho nacional por mor del principio non bis in ídem, y la seguridad jurídica contenida en el art. 9.3 de la CE.

En atención a ello, deberían llevarse a efecto las siguientes modificaciones:

b) Que se cometan fuera del territorio o aguas jurisdiccionales españolas por personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, a bordo de buques de pabellón nacional o sirviéndose de los mismos.

b) Que se cometan fuera del territorio o aguas jurisdiccionales españolas por personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, a bordo de buques de pabellón nacional o sirviéndose de los mismos, añadiendo el inciso “salvo que se trate de infracciones cometidas en aguas bajo competencia o gestión exclusiva de otro país comunitario o extracomunitario.”

c) Que se cometan fuera del territorio o aguas jurisdiccionales españolas por personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, a bordo de buques apátridas o sin nacionalidad o de buques de pabellón extranjero o sirviéndose de los mismos, en este último supuesto siempre que el Estado de bandera no haya ejercido su competencia sancionadora.

c) Suprimir, por las mismas circunstancias expuestas de posibilidad de conflicto de competencias.

ART. 121 RESPONSABLES

2. Responsables solidarios.

4.º Los titulares de la concesión de la lonja pesquera, responsables autorizados para la primera venta, mercados mayoristas y mercas respecto de la identificación de las especies, así como de la venta de productos de talla o peso inferiores a los reglamentados.

Procede suprimir el inciso relativo a los titulares de la concesión de la lonja pesquera.

El concesionario de la lonja no puede ser responsable solidario de las infracciones que se cometan en la misma en relación a las especies de talla o peso antirreglamentario, pues no tiene capacidad ni competencia para controlar individualmente, pesar y medir todos los ejemplares que se venden diariamente en la misma, correspondiendo dicha actuación a los inspectores de pesca.

c) Serán responsables solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo determine la presente ley.

c) Suprimir.

Por cuanto dicho precepto es un cajón de sastre habilitante para sancionar a cualquiera, y por cualquier causa, al entendimiento del órgano que inicie el procedimiento, entendiendo que vulnera por tal causa en los principios de legalidad ,tipicidad y seguridad jurídica garantizados por el art. 9.3 de la CE.

ART. 124 ACTUACIONES PREVIAS Y DE INVESTIGACION

En su práctica totalidad, a excepción del nº 6 del mismo precepto, la redacción del anteproyecto es anticonstitucional, por vulnerar flagrantemente los derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como el derecho al secreto de las comunicaciones contenidos en el art. 18 de la CE, a salvo, este último, de la existencia de autorización judicial.

Los funcionarios competentes podrán recabar de las personas físicas o jurídicas contra las que se haya iniciado o vaya a iniciar procedimiento sancionador, toda la documentación específicamente relacionada con la pesca y el buque o relativa al ejercicio de la actividad pesquera, pero no el resto referido en el precepto relativa a documentos, libros, correspondencia, contabilidad principal y/o auxiliar etc, pues tal requerimiento, aparte de vulnerar los derechos fundamentales anteriormente referidos, excede de la competencia de los inspectores contenida en el Real Decreto 176/2003, de 14 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de control e inspección de las actividades de pesca marítima y, lo que resulta más contundente, la propia Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por afectar dicha documentación a terceras personas ajenas totalmente a la actividad pesquera, cuyos datos y derechos obran protegidos por dicha norma con rango de ley orgánica, y sin que pueda habilitarse a los inspectores de pesca para, a su vez, proceder a realizar investigación de dato alguno relacionado con esos terceros, se trate de personas físicas y/o jurídicas.

ART. 125. MEDIDAS PROVISIONALES

1.) Las medidas provisionales deben adoptarse para el caso de sanciones muy graves, que no para el caso de infracciones graves, interesando se modifique el numeral en este sentido. Y la razón de tal solicitud no es otra que, por sistema, como se puede acreditar estadísticamente, el 99% de los procedimientos sancionadores iniciados contra la flota pesquera nacional son calificados por sistema como graves, y prácticamente ninguno como leve.

Por ello, de sostenerse la posibilidad de adopción de medidas provisionales para infracciones graves, podrán adoptarse en absolutamente todos los procedimientos, perjudicando el normal ejercicio y desarrollo de la actividad y convirtiendo la prestación de garantía pecuniaria o fianza en sanción económica anticipada, pudiendo además dar lugar a agravios comparativos, pudiendo unos buques sufrir medidas provisionales y otros no, según el territorio en el que se encuentre su puerto base, por exactamente la misma conducta infractora, perjudicándose la igualdad que es exigible en derecho.

2.) También es de reprochar que la adopción de medidas provisionales adoptadas de forma verbal, se deban adoptar por escrito en un plazo máximo de 5 días, siendo este plazo excesivo cuando se adoptan medidas que en último término perjudican el derecho al trabajo no solo del armador y el patrón infractor, sino de terceros ajenos al procedimiento sancionador, como son los marineros enrolados, por ello el plazo debería ser perentorio, de 24 horas.

Se podrá adoptar también como medida provisional el precinto, depósito o incautación de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener información relevante.

Las medidas provisionales adoptadas podrán mantenerse como medidas cautelares una vez adoptada la resolución sancionadora para garantizar la eficacia de la misma mientras ésta no sea ejecutiva.

4 Y 5) Estos incisos, según nuestro entendimiento, adolecen de inconstitucionalidad, por vulnerar los derechos enunciados en el art. 18 de la CE y además el derecho al trabajo contenido en el art. 35 de la misma norma suprema. En último término, supondría una paralización administrativa de la empresa, que es el buque, y de su producción; del mismo modo, el supuesto de que las medidas provisionales adoptadas puedan mantenerse como cautelares hasta que la sanción no sea ejecutiva, perjudicaría o limitaría el derecho de acceso a los recursos por parte del sancionado, que se vería obligado a abonar la multa y no ejercitar su derecho a recurrir, para evitar la meritada paralización de la actividad, perjudicando su derecho de defensa.

ART. 127 DE LOS BIENES APREHENDIDOS, INCAUTADOS Y DECOMISADOS.

En el supuesto de que las capturas decomisadas fueran reglamentarias, la autoridad competente podrá disponer que se proceda a subasta pública en lonja o lugar autorizado, quedando el importe de dicha venta en depósito a disposición del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. En el supuesto de que no se proceda a subasta pública, el órgano competente para iniciar el citado procedimiento sancionador podrá decidir que se celebre la misma o bien que se devuelvan las capturas decomisadas al interesado mediante la constitución de una fianza.

4.- Supresión de este numeral.

Si las capturas decomisadas son reglamentarias, no existe razón alguna para que la autoridad competente pueda venderlas en pública subasta y depositar el importe de la venta para iniciar después el procedimiento sancionador. Las capturas decomisadas de talla reglamentaria se deben devolver siempre al interesado, pues constituye la producción de la empresa y el salario a la parte de los marineros enrolados.

Solo en caso de infracciones específicamente por pesca o tenencia de ejemplares de talla antirreglamentaria es cuanto procedería adoptar dicha medida.

ART. 129 INFRACCIONES LEVES

Respecto al régimen de infracciones, hemos de invocar su estricta sujeción al principio de legalidad y seguridad jurídica, exigiendo la individualización y concreción de las conductas constitutivas de infracción, huyendo de conceptuaciones amplias en las que resulten subsumibles cualesquiera tipo de actuaciones, al arbitrio del inspector y/o agente actuante, así como de todos los intervinientes en el procedimiento administrativo: instructor y órgano resolutorio.

h) Ejercicio de la pesca de recreo con caña desde tierra sin autorización o con ella caducada, cuando no esté tipificada como grave.

h) Suprimir

Por no ser la pesca de recreo con caña desde tierra, conducta que revela el numeral de este precepto, una infracción en materia de pesca marítima en aguas exteriores, que es de lo que trata el capítulo donde se ubica.

j) La falta de comunicación a las autoridades competentes del enrolamiento en buques de terceros países.

j) Suprimir este precepto, pues la conducta que se describe en el mismo como sancionable puede derivar en un evidente conflicto de competencias, tanto con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, como con las Capitanías Marítimas, dependientes orgánica y funcionalmente del Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante y que son los órganos administrativos que tienen atribuidas, entre sus funciones específicas, el despacho de los buques y la aplicación de las normas sobre enrolamiento y desenrolamiento de tripulaciones, todo ello de acuerdo con sus respectivas normas reglamentarias, con independencia de las facultades de acceso a la información y coordinación existente entre administraciones públicas.

NUEVO.- Entendemos que procedería incorporar una nueva falta leve, cual es la de salida o entrada a puerto fuera de los horarios reglamentariamente establecidos o acordados por el órgano competente de la respectiva comunidad autónoma.

NUEVO.- Entendemos que procedería incorporar una nueva falta leve de carácter moderador, cual sería: cualquier infracción de lo establecido en esta ley como falta grave, cuando se acredite su comisión por culpa o imprudencia leve.

ART. 130 INFRACCIONES GRAVES

A) RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

Toda conducta que suponga una infracción de los puntos anteriores cometida durante el ejercicio de cualquier actividad de acceso a los recursos regulada en esta ley

8.- Supresión, por falta de identificación y concreción de la conducta sancionable.

El incumplimiento de las normas relativas al esfuerzo pesquero.

9.- Supresión, por falta de identificación y concreción de la conducta sancionable.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de los Convenios, Acuerdos o Tratados Internacionales en materia de pesca marítima, cuando suponga una vulneración de las medida de conservación y gestión de los recursos pesqueros.

13.- Supresión, pues la generalidad de la conducta sancionable y sus términos es generadora de inseguridad jurídica, pudiendo por mor de su tenor literal ser considerada infracción grave cualquier conducta, vulnerando el principio de individualidad de las penas, de aplicación al derecho administrativo sancionador.

B) INFRACCIONES REALTIVAS A ACTUACIONES U OBLIGACIONES DOCUMENTADAS Y COMUNICACIONES OBLIGATORIAS A LAS ADMINSITRACIONES COMPETENTES.

El incumplimiento de la obligación de notificar en la forma reglamentariamente establecida la información sobre esfuerzo pesquero, según lo exigido en la normativa vigente.

17.- Supresión, por falta de identificación y concreción de la conducta sancionable, y ser la misma (enunciada con carácter de generalidad) subsumible en otros de los numerales de este apartado.

La falta de comunicación a las autoridades competentes el enrolamiento en buques de terceros países, cuando dichos buques figuren incluidos en las listas de buques INDRN.

19.– Suprimir este precepto, pues la conducta que se describe en el mismo como sancionable puede derivar en un evidente conflicto de competencias, tanto con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, como con las Capitanías Marítimas, dependientes orgánica y funcionalmente del Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante y que son los órganos administrativos que tienen atribuidas, entre sus funciones específicas, el despacho de los buques y la aplicación de las normas sobre enrolamiento y desenrolamiento de tripulaciones, todo ello de acuerdo con sus respectivas normas reglamentarias.

Cualquier incumplimiento de la obligación de notificación o comunicación a las autoridades competentes, establecidas en esta ley y que no estén sancionadas en los apartados anteriores.

20.– Supresión, por falta de identificación y concreción de la conducta sancionable, y ser la misma (enunciada con carácter de generalidad) subsumible en otros de los numerales de este apartado, vulnerando el principio de individualidad de las penas, de aplicación al derecho administrativo sancionador, así como el de legalidad.

C) NOTIFICACIONES RELATIVAS A LAS ESPECIES

La realización de cualquier actividad que perjudique la gestión y conservación de los recursos marinos vivos, así como la realización de actividades subacuáticas sin disponer de autorización en aquellas zonas en las que sea exigible conforme a la normativa vigente.

1.- Suprimir el primer inciso del numeral (“La realización de cualquier actividad que perjudique la gestión y conservación de los recursos marinos vivos”) por falta de identificación y concreción de la conducta sancionable, vulnerando el principio de individualidad de las penas, de aplicación al derecho administrativo sancionador, así como el de legalidad.

D) INFRACCIONES RELATIVAS A LAS ARTES, APAREJOS, UTILES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE PESCA.

La utilización de dispositivos que reduzcan la selectividad de los artes o aparejos.

5.- Suprimir la infracción contenida en el presente numeral, relativa a la utilización de dispositivos que reduzcan la selectividad de los artes o aparejos, por desconocer cual es la concreta conducta sancionable, habida cuenta la generalidad y falta de concreción de sus términos, por mor de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

F) LA REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE INFRACCIONES LEVES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.

f) La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos dos años.

Solicitamos la supresión de esta falta grave, por la razón de que la comisión de dos infracciones leves en los últimos dos años, no puede constituir per se falta grave sancionable de carácter independiente y autónomo, del mismo modo que, en sede penal, la tenencia de sentencias condenatorias por juicio de faltas no computa –ni puede hacerlo- como reincidencia a efectos de ulteriores juicios por delito. De aceptarse dicha circunstancia, que no actuación, como sancionable, se estaría vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, vigente en el derecho penal, y que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado aplicable al derecho administrativo sancionador, amén de otorgando un plus de antijuridicidad inasumible en derecho a quien ha sido sancionado previamente por haber cometido una conducta típica, y ha abonado por ello la correspondiente sanción.

Otra cosa es que dicha circunstancia –la existencia de antecedentes por hechos similares- pueda ser tenida en cuenta en el momento de fijar el quantum de la multa a imponer por la comisión de una falta en materia de pesca marítima de comisión ulterior, sea esta de la calificación que sea, a los efectos de concretar su concreto importe pecuniario dentro del grado que corresponda.

ART. 132 INFRACCIONES MUY GRAVES

b) La reincidencia de infracciones graves por la realización de actividades no permitidas en las zonas de protección pesquera en los últimos dos años.

b) Solicitamos la supresión del numeral, bajo las mismas consideraciones expuestas en relación al apartado f) anterior.

c) La obtención de las autorizaciones o ayudas para la pesca con base en documentos o información falsos.

c) En cuanto a la presente infracción, habrá de modificarse, en el sentido de precisar de una declaración judicial previa que certifique la falsedad documental o información que imputa. De lo contrario, procederá su supresión, en garantía del derecho de defensa y a un procedimiento con todas las garantías consagrado en el art. 24 CE.

f) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de los Convenios, Acuerdos o Tratados internacionales en materia de pesca, cuando atente contra la normal ejecución de los mismos y suponga o pueda suponer un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de dichos tratados o convenios.

f) Procede la supresión de este ordinal, con base en la generalidad de sus términos y la indefinición de las conductas incardinadles en el mismo, por mor del principio de legalidad y seguridad jurídica consagrado constitucionalmente.

l) La comisión de más de dos infracciones graves sancionadas en su grado máximo en los últimos cinco años.

m) La reincidencia de infracciones graves en los últimos dos años.

l y m) procede su supresión, por los mismos motivos expuestos, respecto a las infracciones leves, en el apartado f) “LA REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE INFRACCIONES LEVES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.”

PROCEDENCIA DE INCORPORACIÓN DE UN NUEVO PRECEPTO, RELACIONADO CON LA TOTALIDAD DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL CAPITULO II, RELATIVO A “CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA”:

“La comisión de las conductas calificadas en esta Ley como infracciones leves o graves, en el caso de acreditarse haberse cometido las mismas por razón de avería, caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra circunstancia de importancia relevante, que escape del poder de disposición del armador o persona al mando del buque en cada momento”.

Y ello por mor de la realidad del acaecimiento de esas circunstancias en el desarrollo habitual de la actividad del sector, sin que en ningún caso hasta la fecha su concurrencia, por no prevista legalmente, haya sido nunca tenida en cuenta por la administración sancionadora; y también, porque la norma reguladora de la pesca marítima debe contener, no solo el detalle exhaustivo de aquellas conductas merecedores de ser constitutivas de infracción, sino también la de aquellas circunstancias que por su concurrencia, eximan de responsabilidad al presunto infractor; y además, en virtud del principio de justicia material que debe informar la actuación del poder legislativo.

CAPITULO III

INFRACCIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS

ARTICULO 135

e) El incumplimiento de la normativa vigente relativa a la potencia de los motores u otros parámetros establecidos para los buques respecto de cada caladero o modalidad de pesca.

e) procede la supresión de este numeral, habida cuenta su contenido es más propio de las infracciones relativas al ejercicio de la actividad del art. 130, que a las contenidas en este capítulo, no obstante, dicha conducta podría igualmente incorporarse, como hemos propuesto, entre las infracciones leves, siempre que la referida inadecuación de los motores venga provocada por situación de caso fortuito o fuerza mayor.

h) La entrada o salida del puerto fuera del horario establecido para el ejercicio de la actividad pesquera, salvo que dichas maniobras tengan lugar como consecuencia de estado de necesidad o fuerza mayor, sin perjuicio de las competencias de la autoridad portuaria.

h) la conducta relatada al cuerpo de ésta infracción es más propia de ser calificada como infracción leve que como lo ha sido, con la cualidad de grave. No obstante, de mantenerse su redacción, solicitamos su ampliación al supuesto de caso fortuito contenido en el art. 1105 del Código Civil, que prevé como tales aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables. Indicando que, de igual forma, procedería la supresión de ese inciso de aceptarse la incorporación del nuevo precepto relativo a las circunstancias que eximen de responsabilidad administrativa.

k) El ejercicio de actividades profesionales pesqueras sin estar en posesión de la titulación que acredita la capacitación y formación profesional náutico-pesquera.

k) procede la supresión de este numeral, habida cuenta su contenido es más propio de las infracciones relativas al ejercicio de la actividad del art. 130, que a las contenidas en este capítulo

n) La reincidencia de infracciones leves en los últimos dos años.

n) Damos por reproducidos cuantos argumentos hemos referido con anterioridad relativos a la improcedencia de calificar y/o considerar la reincidencia de infracciones leves como infracción grave independiente.

ART.136 INFRACCIONES MUY GRAVES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS.

a) La obtención de subvenciones, préstamos y, en general cualquier tipo de ayuda, con base en datos falsos, así como destinarlas a fines distintos de los previstos.

b) La obtención de las autorizaciones precisas con base en documentos o informaciones falsas.

a y b) Para entender cometidas cualquiera de las dos conductas constitutivas de infracción, es precisa la previa declaración judicial de falsedad de los documentos e informaciones a que se refieren, en garantía de los derechos de defensa, seguridad jurídica y a un proceso público con todas las garantías de los que goza el administrado, contenidos en el art. 25 de la CE.

e) La reincidencia de infracciones graves en los últimos dos años.

e) Damos por reproducidos cuantos argumentos hemos referido con anterioridad relativos a la improcedencia de calificar y/o considerar la reincidencia de infracciones (en este caso graves) como infracción independiente (en este caso, muy grave).

CAPITULO IV

INFRACCIONES EN MATERIA DE ACUICULTURA

ART. 139 INFRACCIONES GRAVES EN MATERIA DE ACUICULTURA

g) Cualquier otra infracción que vulnere lo dispuesto en la reglamentación comunitaria de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la PPC, y que no esté calificada como infracción muy grave.

g) La indefinición de la conducta, en relación a la generalidad que se contiene implícitamente en la referencia que se realiza a las “normas de la Política pesquera Común (PCC)” infringe el principio de legalidad y seguridad jurídica.

h) La reincidencia de infracciones leves en los últimos dos años.

h) Damos por reproducidos cuantos argumentos hemos referido con anterioridad relativos a la improcedencia de calificar y/o considerar la reincidencia de infracciones leves como infracción grave independiente.

ART. 140 INFRACCIONES MUY GRAVES EN MATERIA DE ACUICULTURA

d) La comisión de más de dos infracciones graves sancionadas en su grado máximo en los últimos cinco años.

e) La reincidencia de infracciones graves en los últimos dos años.

d y e) Damos por reproducidos cuantos argumentos hemos referido con anterioridad relativos a la improcedencia de calificar y/o considerar la reincidencia de infracciones graves como infracción muy grave independiente.

CAPITULO V

DE LAS SANCIONES

ART. 141 CLASES

c) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras.

d) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones.

e) Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas.

f) Incautación del buque.

g) Inmovilización temporal del buque.

h) Suspensión del estatuto de operador económico autorizado.

i) Suspensión o retirada del registro de instalaciones de engorde de recursos pesqueros.

j) Retirada del registro de las instalaciones de engorde.

k) Prohibición de introducir en jaulas o comercializar productos.

Respecto a las sanciones referidas en las letras c) a k) de este artículo, no se indica plazo temporal alguno de duración respecto a su adopción, de forma que esa indefinición puede convertir por ejm. La medida de retirada de las autorizaciones de pesca, en medidas sine die, con el gravísimo perjuicio que tal actuación supondría de paralización de la empresa y de perjuicio a terceros ajenos al procedimiento sancionador, como son lo marineros, por lo que debería fijarse en todo caso un plazo máximo a cada uno de los supuestos que se detallan, para que la duración de la medida, pueda además ser graduada entre el mínimo y el máximo, en atención a las circunstancias del caso concreto.

ART. 141.4 MULTAS COERCITIVAS

En la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, las multas coercitivas están previstas, como dice el artículo 99 de la Ley 30/1992, en su apartado 2 con carácter independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas, y lo es para el caso de obligaciones de hacer o conductas que correspondan al administrado en relación a un determinado acto administrativo, de las contenidas en el nº 1 de dicho artículo, y para el caso de que dicha obligación resultase incumplida: Solo entonces, como digo, para el caso de obligaciones de hacer, que nunca para compeler al abono de la sanción de multa derivada de la infracción cometida, especificación que debería quedar manifiestamente claro, podría la Administración acudir a esta forma de ejecución que es la multa coercitiva, que se debe realizar siempre previo apercibimiento expreso, poniendo en relieve esta parte la cautela que hay que desplegar en la aplicación de esta medida de carácter coercitivo.

ART. 142 GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

Manifestar nuestra discrepancia con el incremento de las cuantías mínimas y máximas de cada una de las infracciones sobre las establecidas en el art. 102 de la Ley 3/2001, de26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, no existiendo razón alguna que justifique dicho incremento, no solo por adaptarse la misma los tiempos de crisis en que nos encontramos, sino por la práctica general expuesta en este escrito de entender la administración sancionadora ser la práctica totalidad de las infracciones de pesca calificables como infracciones graves, resultando perfectamente útil a los fines represivos y pretendidos las cuantías, tramos y grados contenidos en la norma actualmente de aplicación. E invocando de igual forma el carácter restrictivo de las disposiciones sancionadoras no favorables.

De esta forma, deberían mantenerse los importes mínimos y máximos de las respectivas sanciones, conforme al siguiente criterio:

1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de 9.983 a 49.916 pesetas, 60 a 300 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 50.082 a 9.983.160 pesetas, 301 a 60.000 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 9.983.326 a 49.91 5.800 pesetas, 60.001 a 300.000 euros.

Y procediendo, por tanto, la adaptación de los grados de cada infracción, contenidos en el nº 5 de este artículo 142, a dicha graduación.

ART. 143 GRADUACION DE LAS SANCIONES MUY GRAVES POR INFRACCIONES DE PESCA ILEGAL, NO DECLARADA O NO REGLAMENTADA.

Manifestamos nuestra oposición y reserva a los dos numerales de éste precepto, no solo por suponer un plus de penalidad al régimen de graduación de las sanciones previsto en el art. Precedente, el nº 142, sino por ampliar su nº 2 el importe de la sanción pecuniaria una cuantía -400.000€- que se encuentra por encima del máximo previsto en el mismo para las infracciones muy graves, otorgándose una discrecionalidad administrativa en su adopción que podría vulnerar la seguridad jurídica.

ART.144 SUSPENSIÓN CONDICIONAL

Transcurrido el plazo sin resolución expresa, se entenderá denegada por silencio administrativo la solicitud de suspensión condicional de las sanciones en materia de pesca.

10.- Manifestamos nuestra disconformidad con este numeral, que modifica el establecido en el art. 105.4 de la LPME, pues en atención a la naturaleza de la medida de suspensión condicional, que es en último término la de un derecho de gracia, procede el mantenimiento de la figura del silencio positivo, con intención de no convertir la solicitud de suspensión condicional en un simple recurso adicional que pone fin a la vía administrativa, tras el recurso de alzada.

Procediendo su cambio por la siguiente redacción:

“Transcurrido el plazo sin resolución expresa, los interesados podrán entender estimada por silencio administrativo su solicitud de suspensión condicional de las sanciones en materia de pesca.”

La resolución favorable a la suspensión condicional podrá establecer la necesidad de prestar fianza o garantía financiera por el importe de la multa.

11.- Objetar este numeral en lo que respecta a la posibilidad administrativa de solicitar la prestación de fianza o garantía financiera de ser otorgada la suspensión condicional de la sanción, por ser la misma contraria al espíritu y naturaleza de la propia medida. Y del mismo modo, por desconocerse cual podría ser la consecuencia administrativa de la no prestación de la garantía que se solicite, de no ser posible obtenerla por cualquier medio de entre los normalmente admitidos, como son los créditos bancarios etc.

Federación Nacional de Cofradías de Pescadores










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